“Uno de los resortes que con mayor constancia han sido utilizados por la España marxista en su desaforada propaganda –sucedáneo de una fuerza efectiva que no posee y de un apoyo moral de que está desprovista su causa– es la imputación de facciosa, rebelde y antijurídica, con que sin tregua ni reposo moteja a la España Nacional.
Gran parte de la opinión universal, acostumbrada a pensar por cuenta propia y a tamizar las noticias e informaciones por las mallas espesas de la sana crítica, sabe a qué atenerse en punto a esta falacia. Pero todavía quedan espíritus de buena fe, de ingenua receptividad, a quienes el argumento causa alguna impresión, y que bajo la sugestión de aquella propaganda no intentan sacudir su pereza mental y buscar la verdad.
Para que ésta se abra paso en forma indubitable, acompañada de las pruebas más rigurosas, capaces de satisfacer a los más exigentes, la España Nacional abre un gran proceso, encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber: que los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la ley.
En los folios de ese sumario político-penal se recogerán las pruebas auténticas del gran fraude parlamentario del frente-popular; la falsificación del sufragio en daño de la contrarrevolución y en provecho de las fuerzas marxistas en grado tal, que subvertió el resultado de la contienda electoral; el desvergonzado asalto a los puestos de mando, perpetrado por quienes con el derecho y la libertad no hubieran llegado a conseguirlos; el sinnúmero de delitos, desafueros y tropelías realizados o amparados por un Gobierno que tan audaz e ilegítimamente cabalgaba sobre el país, y, en fin, el escandaloso crimen de Estado, en que culminó tanta vileza, con el asesinato del Jefe de la oposición, señor Calvo Sotelo, ordenado y planeado desde los despachos de un Ministerio, y que sirvió de ejemplo a las turbas, en cuyas garras criminales han caído brutalmente sacrificados en las cárceles, en las checas y los caminos de la España roja más de cuatrocientos mil hermanos nuestros.”
Estos son los primeros párrafos de la Orden del Ministerio de la Gobernación, por la que se constituía una comisión “encargada de demostar la ilegimitidad de los poderes actuantes en la República Española en 18 de julio de 1936”, firmada en Burgos el 21 de diciembre de 1938.
Aunque se le encargaba elevar el resultado de sus actuaciones antes del 30 de enero de 1939, “dada la profusión de sus trabajos, muy acentuada por la amplia cooperación individual que ha recibido, así como la complejidad de sus diligenciados, resulta insuficiente el plazo fijado para la terminación de su cometido.
Al propio tiempo, la liberación de Cataluña, a la que brevísimamente ha de seguir la del resto de la España irredenta, ha de proporcionar elementos muy importantes de juicio que completen los ya aportados”. Por ello, mediante otra Orden, se amplió “hasta el 30 de abril del corriente año 1939 el plazo concedido”.
La nueva Orden estaba firmada en Burgos, a “15 de febrero de 1939 – III Año Triunfal”.
Para cuando venció el nuevo plazo marcado, como puede verse en la portada del libro, en el “Estado Español”, ya era “Año de la Victoria”.
Créditos:
Extractos de las Órdenes del Ministerio de la Gobernación por las que se constituía (y ampliaba el plazo para elevar los resultados) una Comisión sobre la ilegimitidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1939, y portada del Dictamen.
Gran parte de la opinión universal, acostumbrada a pensar por cuenta propia y a tamizar las noticias e informaciones por las mallas espesas de la sana crítica, sabe a qué atenerse en punto a esta falacia. Pero todavía quedan espíritus de buena fe, de ingenua receptividad, a quienes el argumento causa alguna impresión, y que bajo la sugestión de aquella propaganda no intentan sacudir su pereza mental y buscar la verdad.
Para que ésta se abra paso en forma indubitable, acompañada de las pruebas más rigurosas, capaces de satisfacer a los más exigentes, la España Nacional abre un gran proceso, encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber: que los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la ley.En los folios de ese sumario político-penal se recogerán las pruebas auténticas del gran fraude parlamentario del frente-popular; la falsificación del sufragio en daño de la contrarrevolución y en provecho de las fuerzas marxistas en grado tal, que subvertió el resultado de la contienda electoral; el desvergonzado asalto a los puestos de mando, perpetrado por quienes con el derecho y la libertad no hubieran llegado a conseguirlos; el sinnúmero de delitos, desafueros y tropelías realizados o amparados por un Gobierno que tan audaz e ilegítimamente cabalgaba sobre el país, y, en fin, el escandaloso crimen de Estado, en que culminó tanta vileza, con el asesinato del Jefe de la oposición, señor Calvo Sotelo, ordenado y planeado desde los despachos de un Ministerio, y que sirvió de ejemplo a las turbas, en cuyas garras criminales han caído brutalmente sacrificados en las cárceles, en las checas y los caminos de la España roja más de cuatrocientos mil hermanos nuestros.”
Estos son los primeros párrafos de la Orden del Ministerio de la Gobernación, por la que se constituía una comisión “encargada de demostar la ilegimitidad de los poderes actuantes en la República Española en 18 de julio de 1936”, firmada en Burgos el 21 de diciembre de 1938.
Aunque se le encargaba elevar el resultado de sus actuaciones antes del 30 de enero de 1939, “dada la profusión de sus trabajos, muy acentuada por la amplia cooperación individual que ha recibido, así como la complejidad de sus diligenciados, resulta insuficiente el plazo fijado para la terminación de su cometido.
Al propio tiempo, la liberación de Cataluña, a la que brevísimamente ha de seguir la del resto de la España irredenta, ha de proporcionar elementos muy importantes de juicio que completen los ya aportados”. Por ello, mediante otra Orden, se amplió “hasta el 30 de abril del corriente año 1939 el plazo concedido”.
La nueva Orden estaba firmada en Burgos, a “15 de febrero de 1939 – III Año Triunfal”.
Para cuando venció el nuevo plazo marcado, como puede verse en la portada del libro, en el “Estado Español”, ya era “Año de la Victoria”.
Créditos:
Extractos de las Órdenes del Ministerio de la Gobernación por las que se constituía (y ampliaba el plazo para elevar los resultados) una Comisión sobre la ilegimitidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1939, y portada del Dictamen.
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