Paleojusticia

Estos días es motivo de comentarios, discusión o polémica (aunque no tengo noticias de que sea motivo de estudios), la situación de, así muy ampulosamente dicho, la Justicia, en España.

Que si por esto, que si por lo otro, que si por lo de más allá, parece que hay un cierto consenso (¡bien!) en que la situación necesita mejorar, es manifiestamente mejorable, es un desastre, es un caos, ...

Lo que cualquiera puede observar es que los medios de que se dispone no son, ni suficientes ni adecuados. Como ejemplos tontos, recuerdo dos:

- el primer recuerdo se sitúa en un edificio actualmente en curso de acondicionamiento para otros usos, una vez que fuí de testigo, y en la que me tocó esperar en el rellano de la escalera, conseguí llegar a la mesa (sí, mesa, no sala) a través de una senda abierta entre montones de legajos por otros osados exploradores que me habían precedido, y finalmente me encontré que la Sra. Jueza me tomó declaración de pie (ella), pues al ser yo testigo, gentilmente me dejaron hacer uso de la única silla que había)

- el segundo recuerdo se sitúa en un edificio muy recientemente construido como es la Ciudad de la Justicia en Valencia, donde observé, al menos en unos cuantos casos, la situación, simplemente de diseño, de que las personas que están ante la ventanilla correspondiente del juzgado en cuestión, gestionando la documentación pertinente, bloquean la puerta de acceso a la sala donde se producen las vistas de ese mismo juzgado. Una implantación con este diseño en una fábrica, cortándose los recorridos del proceso de que se trate, casi supondría la ruina inmediata, simplemente por el exceso de costes que representarían las esperas en dichos cruces (sí, eso de que el tiempo es oro no es sólo una frase, aunque mucha gente se limite a vegetar en su puesto de trabajo - y demasiada gente, ni siquiera en él-).

Estas circunstancias, poco dignas de los tiempos que corren (o al menos, corrían) por esta España, hacen que haya quien califique la administración de justicia española como anticuada, obsoleta y adjetivos similares,... prehistórica, casi.

Sin embargo, en esa administración siempre hay quien, sobreponiéndose a las circunstancias, aplicando los escasos recursos disponibles, con notable esfuerzo personal y personal criterio de las prioridades, consigue resolver casos algo lejanos en el tiempo (no me refiero a la confirmación del fallecimiento de un tal Francisco Franco Bahamonde), trabaja en casos algo lejanos en el tiempo y en el espacio (no me refiero a la investigación de las dictaduras en Chile y Argentina -los recursos no permiten simultanear investigaciones en Cuba o sobre los montoneros) o en casos algo lejanos en el espacio (no me refiero a investigaciones de algo ocurrido en Gaza en 2002, pero, por el mismo motivo que antes, no en Jordania en septiembre de 1970, en Munich en 1972 o en Siberia desde 1918 hacia acá).

Sin embargo, estoy preocupado por si, como consecuencia de la ausencia de grandes recursos, y ante la aplicación de criterios subjetivos, es decir, propios del sujeto que los aplica, se queda sin resolver un caso tan importante como éste.

Y es que, no se trata sólo de un asesinato (es decir, ni siquiera homicidio, ni siquiera fallecido en el curso de un combate habido en una guerra declarada conforme al derecho internacional vigente en la época; no, la autopsia, según el diario global, sin paliativos ni consideraciones legales, determina que el pobre hombre fue asesinado).

Pues no, no se trata sólo de un asesinato: considerando la población que entonces habría en las montañas del Tirol, la muerte de esa persona sólo cabe considerarla como genocidio, y efectivamente, su "familia" antropológica... se extinguió.

Se impone que la Audiencia Nacional investigue este horrible asesinato resultado de una política de exterminio y genocidio, y comprueba la participación en ello de grupos precursores de lo que acabaría siendo, naturalmente y por supuesto, la extrema derecha austríaca.

El chivatazo a la cúpula del grupo terrorista ETA, la resolución cierta de los atentados del 11 de marzo de 2004 (aún pendiente según la sentencia del Tribunal Supremo), y minucias de este tipo, pueden esperar.